¿Qué cambia en el alquiler con el Decreto 29/2026?
El RDL 29/2026 permite al inquilino pedir hasta dos años más de contrato en determinados casos, limita la actualización de la renta hasta finales de 2027, crea mecanismos distintos ante impagos y ocupaciones con personas vulnerables, regula el alquiler de temporada, refuerza el derecho de adquisición preferente del inquilino e impide repercutir el IBI y los gastos de gestión en los contratos nuevos. Algunas medidas afectan a contratos vigentes y otras, principalmente, a los que se firmen a partir de la entrada en vigor.
El decreto está en vigor desde el 8 de octubre de 2026, según el texto del RDL 29/2026 en el BOE, y la Diputación Permanente lo convalidó el 12 de noviembre, por lo que sus medidas siguen vigentes. El RDL 28/2026, que modificaba el artículo 10 de la LAU con prórrogas de cinco o siete años e indemnizaciones, no fue convalidado y no llegó a aplicarse. Este artículo se refiere a alquileres sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
1. ¿Qué cambia en las prórrogas y en la actualización de la renta?
¿Puede el inquilino quedarse más tiempo del previsto?
En determinados contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre, el inquilino puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, por períodos anuales. Se aplica cuando la prórroga obligatoria, la tácita o, en su caso, la tácita reconducción finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Para pedirla, debe estar al corriente del pago y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Durante la prórroga se mantienen las condiciones del contrato.
Si cumple las condiciones, el propietario debe aceptarla, salvo en tres casos:
– Que ambas partes hayan acordado otras condiciones o un contrato nuevo.
– Que el propietario haya comunicado en plazo que necesita la vivienda para sí, para un familiar en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en caso de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad. La causa debe ser real y acreditada.
– Que se acuerde renovar el contrato o firmar uno nuevo con una renta al menos un 5 % inferior.
En zonas tensionadas tiene preferencia la prórroga extraordinaria de hasta tres años que prevé el artículo 10 de la LAU. Esta medida tampoco se aplica al alquiler de temporada.
¿Y si toca actualizar la renta?
Para las actualizaciones previstas entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, primero hay que comparar la renta actual con el máximo del sistema de índices de precios de referencia. Si lo supera, no procede ningún incremento. Si no lo supera, rige lo que las partes pacten de nuevo y, sin nuevo pacto, se aplica el menor entre el 2 % y el IRAV.
Además, si el contrato no prevé la actualización, no hay actualización. En el blog explicamos cuándo y cómo actualizar la renta de un alquiler.

2. ¿Cómo afectan las nuevas reglas a los impagos y desahucios?
El decreto contempla dos mecanismos distintos, y cada uno se aplica a una situación diferente. No se activan automáticamente ante cualquier retraso ni se aplican igual a todos los propietarios. En ambos casos, las reglas alcanzan también a los procedimientos que ya estaban en curso el 8 de octubre, siempre que todavía no se hubiera producido el desalojo.
Cuando el contrato sigue vigente: enervación extraordinaria
La enervación consiste, en términos generales, en evitar el desahucio saldando la deuda. La enervación extraordinaria que crea el decreto funciona de otra manera. En los procedimientos por impago con un inquilino vulnerable, el procedimiento se paraliza y la Administración dispone de dos meses para ofrecerle una alternativa de vivienda o pagar lo adeudado, más las costas. Si se paga, la deuda queda saldada y el contrato sigue. Si no hace ninguna de las dos cosas, la Administración asume la deuda, no hay desalojo y el contrato continúa hasta su vencimiento mientras el inquilino siga siendo vulnerable.
Para el propietario, esto supone que el cobro pasa a depender de la Administración y que no recupera la vivienda, como mínimo, hasta que termine el contrato. Este mecanismo no depende de cuántas viviendas tenga, y no sustituye a la enervación que el inquilino puede hacer por su cuenta, que sigue disponible.
Cuando no hay contrato vigente: suspensión del desahucio
Si quien ocupa la vivienda entró sin permiso o el contrato ya terminó, se aplica la suspensión del desahucio, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. Si el ocupante es vulnerable, no tiene otra vivienda y la Administración no puede realojarlo, el tribunal paraliza el desahucio. La pausa dura como máximo tres años y se revisa cada doce meses.
Mientras tanto, si el propietario es persona física, la Administración debe compensarle con la cantidad que se acuerde, que como máximo cubre la renta no cobrada, los suministros impagados y las costas. Si alquila a través de una sociedad, solo hay compensación cuando se dedica al alquiler asequible o social. La suspensión no se aplica si el propietario es persona física con dos viviendas o menos, ni cuando el tribunal considera que la persona vulnerable es el propio propietario, salvo que sea gran tenedor.
3. ¿Qué ocurre con los alquileres de temporada, las ventas y los gastos?
Alquiler de temporada
Para renovar o firmar un contrato temporal, no basta con llamarlo «de temporada». Debe constar una causa real y acreditable del desplazamiento del inquilino: trabajo, estudios, tratamiento médico u otra análoga, y probarla corresponde al propietario. En general, la duración debe superar los 31 días y no exceder los 12 meses, salvo que persista el motivo. Si la causa no se especifica o no se justifica, el contrato pasa a ser de vivienda habitual.
Los contratos anteriores al 8 de octubre mantienen su régimen hasta el plazo pactado y se extinguen sin posibilidad de prórroga. En Cataluña, el alquiler de temporada y por habitaciones sigue regulado esencialmente por la Ley catalana 11/2025, que prevalece.
Venta de una vivienda alquilada
Se refuerza el derecho de adquisición preferente del inquilino: se mantiene incluso cuando la vivienda se vende junto con otros inmuebles, siempre que sea jurídicamente individualizable. Ya no puede pactarse su renuncia. En una venta conjunta, la notificación debe indicar el precio atribuido a la vivienda y los criterios objetivos empleados, preferentemente el valor de referencia catastral o una tasación independiente. Si falta, omite esos datos o el precio final es inferior al comunicado, el inquilino puede ejercer el retracto.
IBI y otros gastos
En los contratos nuevos, el IBI y otros tributos de la vivienda no pueden imponerse al inquilino, salvo que sea el obligado tributario. Tampoco pueden cobrarse los gastos de gestión inmobiliaria ni los de formalización del contrato. Los gastos de comunidad pueden pactarse por escrito y con su importe anual, excepto en edificios sin propiedad horizontal y con un único propietario.
En los contratos anteriores al 8 de octubre se mantiene, en principio, la normativa vigente cuando se firmaron. Repercutir el IBI en recibos futuros genera dudas de interpretación sobre el régimen transitorio, así que conviene revisar cada cláusula antes de hacerlo.
Conclusión
El RDL 29/2026 introduce cambios importantes, pero su aplicación no se resuelve leyendo solo el titular de la norma. Antes de modificar un contrato o emitir el próximo recibo, conviene comprobar:
- Prórrogas: si termina algún período antes del 31 de diciembre de 2028 y puede solicitarse la extensión extraordinaria.
- Rentas: fecha de actualización, cláusula pactada y límite aplicable.
- Impagos: situación del contrato y tipo de procedimiento, sin confundir los dos mecanismos.
- Temporada: causa real, acreditación y condiciones de las próximas renovaciones.
- IBI y venta: cláusulas de gastos y, si se vende, información que debe notificarse al inquilino.
En Cuarta Planta, mantener contratos, recibos, plazos y comunicaciones organizados facilita esa revisión y permite contar con apoyo experto cuando hace falta interpretar una situación.